El movimiento colombiano Defendamos la Paz (DLP) denunció este miércoles una interferencia judicial en el caso que sigue la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe y exigió al Gobierno del presidente Iván Duque y a su partido respetar las instituciones del país.

"Defendemos la Paz expresa su indignación ante las tentativas de interferencia judicial en curso que tiene como objeto afectar el proceso que la Corte Suprema de Justicia adelanta contra el (ex)senador Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal", manifestó DLP en un comunicado.

El movimiento, creado por líderes de diversas orillas políticas para respaldar el acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016, rechazó "la campaña de desprestigio, desinformación e intimidación emprendida" por el partido de derecha Centro Democrático, fundado en 2013 por Uribe, con la "que pretenden presentar un proceso jurídico como una revancha política".

Críticas al Gobierno 

La Corte Suprema de Justicia ordenó el pasado 4 de agosto la detención domiciliaria de Uribe, al considerar que hay riesgos de que obstruya la Justicia en el proceso abierto en su contra.

El expresidente, que ayer renunció a la curul en el Senado que ocupaba desde 2014 ante la imposibilidad de participar en las sesiones, argumentó que se le han violado ocho garantías procesales por parte de la Corte Suprema, y ha dicho además que se siente "secuestrado por la complicidad de unos magistrados" del alto tribunal.

Los seguidores de Uribe han cerrado filas a su alrededor, entre ellos el presidente Iván Duque quien ha defendido a su mentor político en varias declaraciones públicas cuestionadas por la oposición.

"Censuramos las acciones del Gobierno nacional que ha puesto el aparato del Estado al servicio de dicho senador para obtener manifestaciones de solidaridad y hasta presiones de poderes foráneos sobre la administración de justicia en Colombia", cuestionó Defendamos la Paz.

Reforma a la Justicia

En su carta de renuncia al Senado, Uribe insistió en una "reforma a la justicia que despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados" porque, a su juicio, "estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud".

Sobre eso, el movimiento aseguró que esas reformas, que "se presentan para fortalecer la rama judicial", en realidad tienen la intención de "destruirla mediante la creación de entidades a la medida de los intereses de un sector político".

El caso de Uribe comenzó en 2012, cuando él mismo demandó por supuesta manipulación de testigos al hoy senador Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso contra el exmandatario por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

El proceso contra Cepeda cambió de orientación cuando el magistrado de la Corte Suprema José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso, no solo lo archivó sino que le abrió una investigación al demandante por supuesta manipulación de testigos.

"Defender la paz es salvaguardar las instituciones; embestir contra la institucionalidad es repartir abono para la guerra", concluyó DLP.

EFE